En un esfuerzo por abordar las brechas de desarrollo en sectores vulnerables del país, el Gobierno Nacional ha informado que iniciará una etapa de finalización de obras inconclusas y construcción de nuevas infraestructuras en Colombia. Esta iniciativa, en parte impulsada por el marco establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en línea con la política de construcción de infraestructura social, tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más necesitadas. Para ello, se ha dado inicio a una fase de ejecución de facilidades constructivas, que como hemos mencionado previamente se perfila como una oportunidad para el sector de la infraestructura y la construcción.
Cielo Rusinque, Directora de Prosperidad Social, recientemente anunció que la entidad destinará una inversión de 780.000 millones de pesos para llevar a cabo proyectos en 230 municipios con índices críticos de desnutrición, riesgo de victimización y pobreza. Este compromiso representa un paso significativo hacia la mejora de las condiciones de vida de comunidades que enfrentan múltiples desafíos socioeconómicos.
Las obras de infraestructura abarcan una variedad de necesidades en las comunidades locales. Entre las estructuras proyectadas se encuentran plazas de mercado, centros comunitarios, centros de transformación avícola y piscícola, plantas semindustriales de procesamiento y almacenamiento, centros de acopio, vías terciarias y complementarias, puentes, así como la pavimentación de andenes y placas huella. Estas edificaciones no solo buscan mejorar las condiciones físicas de las localidades, sino también promover la cohesión social y la autosuficiencia económica.
El momento actual es especialmente propicio para involucrar al sector privado en estas iniciativas. La colaboración entre el gobierno y las empresas privadas puede impulsar la implementación exitosa de proyectos de infraestructura, al tiempo que ofrece oportunidades de inversión atractivas. Los contratos de obra para ejecutar proyectos gubernamentales y las Asociaciones Público-Privadas (APP) son vías a través de las cuales las empresas pueden desempeñar un papel activo en el desarrollo del país mientras buscan un retorno financiero.
Como parte de un compromiso con la ejecución efectiva de estos proyectos, Prosperidad Social planea formalizar acuerdos con los alcaldes de los municipios beneficiados, bajo la supervisión de la Contraloría General de la República. Este enfoque garantizaría una mayor transparencia y rendición de cuentas en la implementación de las obras, promoviendo así la confianza tanto en los ciudadanos como en los inversores potenciales.
Desde Altano Consultores estaremos atentos al desarrollo de estas iniciativas que, además de ofrecer soluciones a los diferentes problemas sociales del país, pueden ser un dinamizador de la industria de la construcción en un momento de grandes retos.
Fecha: 22 de agosto de 2023